La aprobación del proyecto de ley de Seguridad Privada otorga al sector un marco jurídico para la ejecución de los servicios, pero ademas, una efectiva regulación, inspección, fiscalización y supervisión a las empresas de Seguridad que operan en el país, sobre todo en aquellas que lo hacen de manera informal. En tal sentido, es preciso destacar que dos de cada tres vigilantes privados pertenecen a una empresa informal precisamente por la ausencia de dicha regulación, lo que provoca ademas competencia tarifaria desleal dentro de un mercado libre legalmente aceptable.
En la actualidad, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad @ADESINC posee unas 70 empresas formales miembros y a las cuales pertenecen unos 28,000 vigilantes privados, equivalentes al 70% que posee todo sector de la Seguridad Privada. De igual modo, es necesario que absolutamente todos tengan acceso a sus derechos legales, a una exhaustiva depuración, a una formación y capacitación adecuada, y a una constante supervisión y control por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Sin embargo, la aprobación de dicha ley trae consigo ciertas limitaciones que podrían ser de mucho impacto para el sector de la Seguridad Privada. Si bien es cierto que el control eficaz de las armas es indispensable para el manejo de las operaciones de este tipo de servicios, tampoco deja de ser cierto que limitar el uso de las mismas y la prohibición definitiva de su importación, respaldada por la ley para el Control de Armas, Municiones y Materiales relacionados 631-16; provoca que las empresas no tengan posibilidades de vender mas servicios y esto limita consecuentemente el crecimiento del sector.
Otra limitación de suma importancia, es que esta nueva ley limita el rango de edades para ejercer la función de vigilante, lo que implicaría la terminación del contrato laboral de una gran cantidad de personas jóvenes y de edad avanzada que no calificarían para tales fines, y que al momento de ser promulgada, tanto ellos como sus familias perderían su sustento de vida.
En definitiva, esta nueva legislación esperada durante años por nuestro sector, tiene mucho mas beneficios que perjuicios, y como todo sector productivo con marcos regulatorios, necesitamos una ley que nos proteja y vele por los mejores intereses de la Seguridad Privada en la República Dominicana.
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